"Para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes".
Renata Cabrales
El Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que está presente en 19 ciudades del país y cuenta con 3.600 oficiales, tiene como misión el control de manifestaciones, disturbios y apoyo a desalojos, con el fin de restablecer el orden y la seguridad de los habitantes y no en vano su lema es “Dios y Patria, mantener el orden es nuestro deber”, pues ya sabemos que en un país laico como el nuestro, Dios está primero y lo que se haga en su nombre se justifica, aun cuando mantener el supuesto orden implique asesinar inocentes. Pero no importa, las lágrimas de los familiares de los incautos exterminados en medio de las manifestaciones es la principal causa de sensación del deber cumplido.
En una sociedad donde exista el derecho a la protesta y asimismo la libertad de expresión, sus habitantes podrían expresar sus inconformidades ante los gobiernos para despertar la conciencia de la sociedad en general por medio de cualquier tipo de manifestaciones en el espacio público, sin ningún tipo de restricción. En estos casos, el Esmad debe jugar un papel de garante de los derechos humanos de las personas involucradas en estos eventos y no, todo lo contrario, abusar de la fuerza para mitigar un supuesto caos ocasionado por la inconformidad de quienes exigen sus derechos.
No en vano quienes defienden los derechos humanos en el país denuncian los abusos, debido a su uso ilegítimo de la fuerza contra personas inocentes que legitiman su voz de protesta en medio de pacíficas manifestaciones, como el uso de armas de fuego no convencionales, como granadas dispersoras recargadas con objetos contundentes o filosos, con las cuales, se presume, han llegado a asesinar a manifestantes. En estos casos de represión contra el derecho la protesta, el Gobierno y la extrema derecha justifican la operación del cuerpo policial represor, poniendo en duda el concepto de democracia y en peligro el ideal de paz por el que lucha el país en este momento.
Cifras de abusos del Esmad
Por esta razón, Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, al lado de la representante por el Partido Verde Ángela María Robledo, los representantes Víctor Correa por el Polo Democrático e Inti Asprilla por el Partido Verde, miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, han hecho un debate en el Congreso de la República el pasado jueves 4 de agosto en presencia del coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, y miembros de la Defensoría del Pueblo, y han documentado los casos en los que se ha evidenciado irregularidad de las funciones por parte de integrantes del Esmad en el momento de vigilar manifestaciones sociales y estudiantiles, paros campesinos, así como desalojos de viviendas.
Según el representante Uribe, de acuerdo a las cifras presentadas, el objetivo es hacer un análisis detallado en los casos en que varias personas han perdido la vida.
Manifiesta entonces que en lo que va del 2016 se han denunciado 69 abusos por uso desproporcionado de armamento, uso excesivo de la fuerza y utilización de armas de fuego, y en esos eventos se reporta un total de 682 víctimas.
“Siete personas han sido asesinadas, otras 336 han sufrido lesiones personales y los homicidios fueron presuntamente cometidos por el Esmad en el contexto de manifestaciones y protestas como la cumbre agraria, el paro camionero y el sector más afectado, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, es el movimiento indígena que de un total de 69 casos de violaciones, 29 han ocurrido sobre esta población frente a los homicidios, que es sobre lo que hemos pedido información, tenemos cinco casos con seis personas muertas, presuntamente en acciones que responsabilizan al Esmad”.
Se recuerdan los casos ocurridos este año de Miguel Ángel Barbosa, asesinado el 21 de abril en Bogotá; Willinton Quibarecama, el 16 de mayo, miembro de la ONIC; Gersaín Cerón Marco Aurelio Díaz, 2 de junio en Santander de Quilichao; Luis Orlando Saís en Duitama a quien un gas lacrimógeno le dio directamente a la cabeza, causando, según Medicina Legal, trauma craneoencefálico severo debido al impacto del proyectil lacrimógeno.
Por su parte el representante Víctor Correa manifiesta que “he podido ver durante estos años que una fuerza que se entiende de contingencia frente a hechos que pueden perturbar el orden público se ha convertido en una fuerza de represión, de provocación, utilizada por los poderosos, por quienes sustentan los gobiernos para silenciar al opositor y a la inconformidad, para atacar la protesta social y, de alguna manera, vulnerar el orden democrático de nuestro país”.
La vida en Colombia debe ser sagrada
Según Ángela María Robledo, “durante la alcaldía de Mockus se logró preservar la vida sin usar la fuerza, bajo el lema ‘la vida en Colombia debe ser sagrada’ y es por eso que el Esmad debe convertirse en un cuerpo garante de los derechos humanos”.
Asimismo, según la representante, el Esmad se creó en una directiva temporal por el gobierno de Andrés Pastrana en febrero de 1999 en el marco del proyecto del Plan Colombia, de manera transitoria, pero “en Colombia todo lo que es transitorio, termina quedándose”. Se cuestiona Robledo, ante este panorama: “¿Cuál es el cambio que va a dar radicalmente el Esmad para enfrentar el posconflicto?”. Ya que, según ella, esta es una fuerza represora antisocial, pero sobre todo, antijóvenes, y se cuestiona finalmente cuánto le cuestan al Estado colombiano los 3.600 miembros de ese cuerpo represivo, cuya respuesta viene a ser la suma de 400 mil millones de pesos.
Inti Asprilla, por su parte, opina que “es necesario que se desmonte el Esmad, ya que entramos en la etapa del posconflicto y no tiene sentido que acabemos la guerra y ahora en la protesta social se cometan asesinatos como los que se están cometiendo”.
El coronel Gabriel Bonilla, director del Esmad, de manera fría y cínica, defendió la permanencia del Esmad, argumentando que este cuerpo policial es necesario para ofrecer la tranquilidad y seguridad de Colombia.
Vale la pena recordar que para construir una paz democrática y con justicia social, es necesario que se garantice el derecho a la protesta sin temor a que un cuerpo policial represivo siga atentando contra la vida de personas inocentes.
