La derecha tras la capucha
Por Luis Brito García (*)
En un relato de Gabriel García Márquez figura una pensión que en lugar
de excusados ofrece máscaras para que sus clientes hagan sus necesidades en
plena calle. Esconde el rostro quien se averguenza de sus acciones ¿Qué esconde
el terrorismo encapuchado en Venezuela?
Una conjura de los medios nacionales e internacionales pretende
presentar a los terroristas como “estudiantes” y “pacíficos”. Las cifras dicen
otra cosa. A principios de mayo, la Fiscal Luisa Ortega Díaz revela que desde
el 12 de febrero fueron detenidas unas 800 personas, la mayoría de ellas
sólo retenidas para evitar que continuaran con los actos violentos y liberadas
a las pocas horas, de las cuales unas 174 quedaron en definitiva privadas de
libertad mientras avanzaban las averiguaciones. De estos detenidos, apenas 12
eran estudiantes, menos del 7%. También a principios de mayo las autoridades
allanan varios campamentos establecidos en la vía pública para mantener focos
de perturbación permanentes, y detienen 243 personas. No más de un 20% de
ellas eran estudiantes. El cuerpo de vigilantes de la Universidad Central
de Venezuela detiene en el recinto a cinco violentos con armas. Sólo uno era
estudiante, pero de otra universidad. La rectora hace despedir a los vigilantes
por cumplir con su deber.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, revela el viernes
9 de mayo que 49 de las 190 pruebas de toxicología que le fueron
practicas a los opositores detenidos en el desalojo de los campamentos
dieron positivo en consumo de drogas. Cerca de una cuarta parte de los
examinados estaba bajo el efecto de estupefacientes. No parece
comportamiento ejemplar de ciudadanos dedicados a la defensa de sus derechos
políticos. ¿Quieren tomar el poder para imponer al resto de la población
sus modelos de conducta?
El ministro de Interior y Justicia declara que entre los detenidos
figuran 58 extranjeros. De ellos 21 son comprobadamente paramilitares
colombianos, otros tienen órdenes de captura en Interpol, otros son terroristas
buscados en el Medio Oriente: algunos estaban en posesión de arsenales de armas
y sustancias incendiarias, muchos tienen prontuarios de narcotráfico o
terrorismo internacional. Es el método largamente probado en Nicaragua, Líbano,
Libia, Siria, en tantos otros sitios: inundar de mercenarios extranjeros
armados países pacíficos, para legitimar destructivas intervenciones externas
¿No hay venezolanos para hacer oposición política? ¿De triunfar estos
forasteros, ejercerán sus pacíficas profesiones desde el poder?
Basándonos en análisis de noticias de medios de comunicación, e informes
de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea,
Amnistía Internacional, Red de colectivos La Araña Feminista, del Centro
para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, del diario web
Aporrea, del informe escrito por el periodista Luigino Bracci el 15 de
abril de 2014 y de compendios realizados por el comunicador Modesto Emilio
Guerrero, llegamos a un conteo todavía provisional de víctimas fatales entre el
12 de febrero y mediados de abril.
Tras la capucha, mienten los medios internacionales y nacionales, se
ocultan seres “pacíficos”. La violencia que desencadenan desde el 12 de febrero
arroja un saldo de 42 muertos. Éstos se pueden separar en las categorías
siguientes: 1) 20 víctimas fatales bolivarianas, que comprenden: 9
militantes del PSUV y agrupaciones sociales afines, 10 miembros de
cuerpos de seguridad pública del Estado (GNB, PNB y el SEBIN) y 1 fiscal
del Ministerio Público. 2) 15 ciudadanos cuya filiación política no
se conoce, víctimas de diversos episodios de violencia 3) el resto de víctimas
fatales se podrían adscribir a la oposición, de los cuales sólo 8 fallecieron
por actos imputables a las autoridades, y 7 fueron víctimas de incidentes o
peleas debidas a sus cortes viales, o de sus propios actos: uno
murió al accionar un mortero improvisado, otro se electrocutó al reponer un
obstáculo para una barricada, un tercero cayó desde la azotea de su
propia casa. No incluimos en este listado asesinatos horrendos cometidos contra
bolivarianos o contra personas notables con presumible intención terrorista,
pero en relación con los cuales no hay todavía pruebas definitivas.
Es significativa la desproporción. De las 42 víctimas fatales unas
20, casi la mitad, pertenecen al bolivarianismo, entre ellas 11
funcionarios que cumplían con su deber; y otras 15 no tienen filiación política
conocida pero fallecen por causa de la violencia opositora. En la oposición
habría unas 15 víctimas fatales, cerca de la tercera parte del total,
pero sólo 8 debidas en forma directa a actos de las autoridades, menos de la
sexta parte de las fatalidades. Todos estarían hoy vivos de no haber
elegido la oposición el camino de derrocar por la violencia al gobierno
legítimamente electo.
Ello desvirtúa la idea de que la violencia homicida pueda deberse a
“estudiantes”, “desarmados” y mucho menos “pacíficos”. Parte
considerable de las víctimas entre los bolivarianos perecieron por disparos en
la cabeza, a veces realizados desde larga distancia. Una estudiante opositora
falleció de un tiro en la nuca, obviamente asestado desde las propias filas de
la manifestación con la que marchaba. Una artesana y una joven embarazada
fueron abatidas con disparos de armas largas. No son tácticas de estudiantes,
desarmados y menos pacíficos. Tampoco lo son el incendio y destrucción de cerca
de un centenar de unidades de transporte colectivo, de varias centrales
eléctricas, ni el incendio de universidades, bibliotecas y de
dependencias públicas, una de ellas con 89 niños de un preescolar adentro. No,
una primera mirada debajo de la capucha revela una delincuencia terrorista,
profesional, en buena parte foránea y mercenaria.
La incidencia de muertes sigue como una sombra al dominio político
derechista. Señala Emilio Guerrero que el 52% de las víctimas cayó en la
Capital, que de 12 víctimas en ella, 9 perecieron en las urbanizaciones del
Este donde los alcaldes opositores y sus policías protegen a los terroristas;
que en Mérida murieron 4 y en San Cristóbal 6. Hay otras 3 víctimas en Aragua,
en barrios controlados por Voluntad Popular y 2 en Maracaibo, cuya alcaldía es
opositora. Es mentira que se trate de una insurrección nacional: sus víctimas
caen en un escaso número de urbanizaciones capitalinas de privilegiados
con autoridades y policías opositoras cómplices de los victimarios, y en los
estados cercanos a la frontera, en donde han sido detenidos paramilitares y
sicarios.
Ninguna proclama, ningún manifiesto, ningún plan de gobierno ha sido
esgrimido como excusa para esta hecatombe, salvo la propuesta de que quien gana
las elecciones no debe gobernar. Ocultamos nuestros propósitos cuando son más
inconfesables que nuestros actos. Una masiva campaña de destrozos y
asesinatos no se mantiene durante más de tres meses sin complicidades ni
financiamiento. Numerosos detenidos han confesado que recibían pagos de mil
bolívares por día, y de tres mil si participaban con motocicletas ¿Levantamos
un poco más la capucha terrorista? Tras ella atisban la CIA, la USAID y la NED,
las mil y una ONGs creadas para distribuir sus fondos y los de los empresarios
para pagar mercenarios, los partidos opositores que no han condenado el
terrorismo, la Fundación Internacionalismo para la Democracia, de
Alvaro Uribe Vélez, el Paquete Neoliberal que privatizará PDVSA y la educación,
la salud y la seguridad social y traerá de regreso los niveles de pobreza de
70% del siglo pasado. Te conozco, mascarita. No me trates de engañar.
(*) Periodista y escritor venezolano.
http://www.contrainjerencia.com/?p=87744
